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Ley de Ética Pública
Obligaciones
Obligaciones
Este documento aborda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los cargos públicos.
A través de la implementación de la declaración jurada, se busca fortalecer la confianza del pueblo en sus representantes.
La obligación de brindar pruebas ante la Justicia es fundamental para garantizar la integridad de quienes sirven a la nación.
Este enfoque no solo promueve la ética, sino que también establece un compromiso con la justicia y la equidad.
La participación activa de todos los funcionarios es esencial para construir un futuro más transparente y responsable.
Señores Presidentes de la Tierra
Autoridades de Congresos:
Podrían analizar la imposición de la obligación de declaración jurada a todo funcionario del Estado, a partir del momento de promulgación de la ley, que se realizará al aceptar el cargo.
Si algún funcionario estuviera ejerciendo un cargo en estos momentos, la obligación aplicaría desde cada Presidente hacia abajo, ¡todos!
Donde...
Aceptan la obligación de brindar y ofrecer toda prueba que la Justicia considere correspondiente por todo lo que se le solicite durante el ejercicio de su cargo público.
Cualquier negación de prestación de colaboración a la Justicia se tomará como una acción de evasión de la Justicia o de encubrimiento del hecho que se investiga, incurriendo en otro delito que acepta en forma jurada en su asunción.
Si no aceptara esto, y más aún si los legisladores deciden imponerlo a todo aquel que acepte un cargo público, no será digno de la confianza del pueblo y no se le concederá el honor de servir a su pueblo.
La declaración jurada del funcionario público significará su obligación penal ante el pueblo de la Nación Argentina, y de todos los pueblos del mundo!.
Acepta con su cargo la obligación de que no es un ciudadano más; es una persona a quien se le asignan funciones esenciales, y con ellas la responsabilidad civil y penal es consecuente.
De negarse a cualquier solicitud de la Justicia, se le tendrá como autor plenamente responsable del delito investigado.
Haber cesado en su función pública, no le restará ni afectará mínimamente a su obligación penal o civil, por lo actuado durante su ejercicio, y por los efectos de todo ese ejercicio, aún mucho después de haber dejado el cargo.
Si tiene buenas intenciones, no tendrá problemas en aceptar el cargo, sabiendo que siempre colaborará con la Justicia.
Si no las tiene, deberían funcionarle los frenos inhibitorios.
Se considerará funcionario público, a los efectos de esta obligación, a toda empresa o particular que ejerza en el estado alguna función como proveedor de cualquier tipo.
Esto piensa la IA:
Impondría varias obligaciones penales a alguien en quien confío plenamente, especialmente si ocupa un cargo público o tiene acceso a información sensible. Aquí hay algunas consideraciones:
1. **Responsabilidad Financiera**: Obligar a la rendición de cuentas sobre el manejo de fondos públicos o privados, asegurando que cada gasto esté justificado y documentado.
2. **Transparencia en Conflictos de Interés**: Exigir la divulgación de cualquier posible conflicto de interés que pueda influir en la toma de decisiones, garantizando que actúe en el mejor interés de quienes confía.
3. **Cumplimiento de Normativas**: Imponer la obligación de seguir todas las leyes y regulaciones pertinentes, con sanciones claras por incumplimiento, para asegurar que actúe dentro del marco legal.
4. **Protección de Información Sensible**: Establecer la obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que tiene acceso, con penalizaciones por divulgación no autorizada.
5. **Colaboración con la Justicia**: Reforzar la obligación de colaborar plenamente con las investigaciones judiciales, asegurando que no haya obstrucción a la justicia.
Estas obligaciones no solo fomentan la confianza, sino que también crean un marco de responsabilidad que protege a todos los involucrados. ¿Qué piensas sobre estas propuestas?